Lara sugiere "expropiar" el Santander frente a la crisis.

Lara aseguró que ese tipo de medidas "no son una utopía", sino que servirían para poner en marcha una "economía con corazón"

IÑIGO ADURIZ MADRID 02/03/2011 01:00 Actualizado: 02/03/2011 03:45

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, contempla la expropiación de grandes bancos como una de las posibles salidas de la crisis. Durante una conferencia en la Universidad Complutense, Lara aseguró que ese tipo de medidas "no son una utopía", sino que servirían para poner en marcha una "economía con corazón".

El líder de IU emplazó al auditorio a imaginar al presidente del Gobierno telefoneando a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para decirle: "Señor Botín, ¿por qué en lugar de hacer expedientes de desahucios a la gente, no les deja usted que estén con un alquiler más o menos modesto, para que lo puedan pagar hasta que tengan trabajo?".

Según Lara, Botín contestaría que no, que el banco "pierde dinero". Entonces, el líder del Ejecutivo debería actuar, como ya lo ha hecho el presidente venezolano, Hugo Chávez. "Es que le puedo expropiar el banco", debería decirle el presidente a Botín, según el líder de IU.

"¿Eso es una utopía?", se preguntó Lara ante el asombro de los asistentes, la gran mayoría jóvenes. "No hay ninguna utopía. Puede pasar. Y eso se llama poner la riqueza nacional al servicio de los intereses generales de la gente", se respondió a sí mismo.

Movilización el día 20

Ante los estudiantes, el coordinador federal de IU aseguró que en estos últimos 15 años "algo ha fallado" para que hoy sea más difícil "encontrar trabajo y pagar una hipoteca". Abogó por una "salida alternativa" a la crisis, "por la izquierda", y emplazó a la ciudadanía a secundar las diferentes movilizaciones a las que convoca IU. La siguiente tendrá lugar en Madrid, el día 20.

España vende armas a gobiernos bajo sospecha

Las organizaciones que integran la plataforma Armas bajo Control acusaron ayer al Gobierno de incumplir la Ley 53/2007 que determina en qué condiciones España puede exportar material de defensa y de doble uso.
Las ONG Amnistía Internacional (AI), Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, junto al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), apuntaron que el Ejecutivo español "incumple la ley" en la medida en que permite la venta de armas a países en los que se están produciendo graves violaciones de derechos humanos. "Vemos un elemento de incoherencia entre la política exterior española, cuando quiere manejar valores y principios, y la política comercial", explicó Jesús Núñez, director del IECAH.
Asimismo, ante los recientes acontecimientos en Oriente Próximo y el norte de África, las ONG instaron al Gobierno a revisar "caso por caso" todas las exportaciones a la región. Según las cifras publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, durante el primer semestre de 2010, España exportó a Libia piezas de aeronaves militares por valor de 3,3 millones de euros y equipos de visión nocturna por otros 3,5.
Desde 2005, España ha vendido al régimen de Gadafi armas por valor de 10,7 millones de euros. En 2006, empresas españolas exportaron a ese país armas de cañón por valor de 25.953 euros. Dos años después, España vendió material clasificado como "bombas, torpedos o cohetes" por más de tres millones de euros.

Otros compradores

Las ONG denunciaron que España también exporta material de defensa a otros países de la zona, "algunos envueltos ahora en graves violaciones de derechos humanos". Así, según datos de Comercio, en los primeros seis meses de 2010 empresas españolas vendieron armas a Arabia Saudita por valor de 1,5 millones de euros y a Marruecos por 1,1 millones.
Argelia, Egipto, Jordania o Túnez completan el grupo de los países importadores de armas españolas calificados como "destinos preocupantes" por las ONG "desde hace mucho tiempo", explicó Esteban Beltrán, director de AI.
No obstante, la plataforma felicitó al Gobierno por la decisión de revocar las licencias vigentes de exportación de armas a Libia, pero pidió que el anuncio se hiciera "de forma oficial". La Secretaría de Estado de Comercio Exterior emitió ayer un comunicado en el que aseguró que el procedimiento de revocación de esas licencias ya se había iniciado el pasado 22 de febrero.
Estas mismas fuentes confirmaron que, desde el inicio de las revueltas en algunos países árabes y del norte de África, no se había aprobado ninguna nueva solicitud de material de defensa a los países implicados. Las ONG también acusaron a Europa de exportar armas a los países del Magreb y Oriente Próximo. "La UE tiene mucho de lo que avergonzarse por los tratos con estos países", sentenció Núñez.

PSOE y PP suman votos en el Congreso para proteger los intereses de la banca

Miércoles, 23 de Feb de 2011

Se posicionan en contra de una iniciativa de IU-ICV para que se pueda saldar una hipoteca con la entrega de la vivienda. Los nacionalistas de CiU y PNV se abstienen en la votación por considerar “inoportuno” el debate el mismo día en que la FEMP anunciaba que los alcaldes de España pedirán al Gobierno que ponga en marcha una iniciativa idéntica.
EL PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Fue derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones.
La iniciativa parlamentaria de IU e ICV también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
IU e ICV pedían también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables. También se contempla la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad de crédito, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impide que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales”.

Cayo Lara afirma que “seguiremos con nuestras propuestas alternativas a la reforma de las pensiones”

El coordinador federal advierte que IU no tira la toalla para lograr que se cambien los recortes aprobados a las pensiones en la misma rueda de prensa en la que la responsable de ‘Jóvenes de IU’, Esther López Barceló, asegura que “se ha hipotecado el futuro a una generación que ya vivía peor que sus padres y que, gracias a esta reforma, está condenada a vivir peor que sus abuelos”.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha asegurado hoy a preguntas de los periodistas que “Izquierda Unida va a seguir trasladando a todos los ámbitos nuestras propuestas alternativas y constructivas en torno a la reforma de las pensiones. Si el Gobierno reconsidera su propuesta para alargar la edad de jubilación a los 67 años y otras medidas, no quepa ninguna duda que votaremos favorablemente, pero nuestro voto no puede ser favorable en ningún caso si no hay cambios. En nuestro nombre no se va a llevar esta reforma al Boletín Oficial del Estado”.

Lara ofreció una rueda de prensa en la sede federal de IU junto a la coordinadora del Área Federal de Juventud, Esther López Barceló, encargada de explicar las negativas consecuencias que los recortes contenidos en esta reforma tendrán en el futuro cuando las actuales generaciones de jóvenes tengan que jubilarse.

“Seguiremos con nuestras explicaciones –detalló el máximo dirigente de IU- durante todo el trámite parlamentario hasta que se apruebe la ley, porque hay suficientes razones que avalan la posición política de Izquierda Unida. Vamos a continuar en la idea de la explicación y de la movilización permanente, presentando nuestra alternativa frente a las políticas neoliberales aplicadas y, con más o menos sordina, apoyadas por el PP. Estamos en un proceso de movilizaciones permanentes desde que comenzó la crisis, porque consideramos que con 4,7 millones de parados no puede haber paz social”.

Cayo Lara manifestó que el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes “se conocerá  a lo largo de muchos años como un ‘pensionazo’. Este periodo de crisis pasará a la historia como el mayor ataque al Estado del bienestar y a los derechos laborales y sociales de los trabajadores españoles”.

El coordinador federal hizo una detallada exposición de este análisis y aseguró que “el dato que aportó la EPA es que tenemos el mayor número de parados y el mayor porcentaje de todo el periodo democrático -con 4,7 millones de desempleados, que representa un 20,33%-, lo que demuestra que está fracasando la política del ‘ajuste duro’ del Gobierno de Rodríguez Zapatero,  por injusta e inútil”.

“Comenzaron con el ‘tijeretazo’ que recortó el salario a los trabajadores de la función pública y apuntaba ya la congelación de las pensiones para el 2011. Luego fueron los Presupuestos Generales del Estado de 2011, donde se recortan todas las partidas de gasto social y de políticas públicas. Después de la reunión con los 37 empresarios más importantes del país se rebajaron los impuestos a las grandes empresas y se siguió vendiendo lo público, con AENA y la Lotería Nacional como ejemplos. Finalmente se ha continuado en esta gran ofensiva con el ‘pensionazo’, que quiere decir trabajar más y cobrar menos”, dijo.

En esta misma línea, Lara advirtió que “da la impresión que no quieren parar ahí. Hoy mismo vemos un anuncio del secretario de Estado de Hacienda a favor del ir hacia el ‘copago sanitario’. Esperamos que la ministra Pajín nos diga, como responsable de esta cartera, si está de acuerdo o no con lo que ha dicho el secretario y si piensa incorporar el copago a nuestro país”.

Sobre la reforma de las pensiones, insistió en que “desde Izquierda Unida nos ratificamos en el modelo 65–35–15. Esto quiere decir: 65 años máximo de edad para jubilarnos, 35 años de periodo máximo de cotización para acceder a la pensión máxima de la Seguridad Social y 15 años para tener el periodo mínimo para podernos jubilar”.

Además, preguntado sobre una alusión personal directa hecha esta misma mañana por Rodríguez Zapatero en una entrevista en TVE -en la cual el presidente del Gobierno manifestó su intención de mantener un encuentro con Cayo Lara en los próximos días-  recordó que “nosotros le habíamos pedido una reunión para expresarle nuestra opinión sobre la crisis y sobre nuestras alternativas hace bastante tiempo. Le remitimos la última carta en agosto de 2010 y nos contestó el día 13 de septiembre diciéndonos que tenía la agenda muy ocupada. Espero que ahora cumpla con su palabra dada en televisión”. No sin cierta ironía, señaló que “mi agenda está muy completa, pero siempre podré buscar un hueco para tener de nuevo la oportunidad de llevarle nuestras propuestas alternativas para dar una salida social a la crisis y crear empleo”.

Por su parte, Esther López Barceló denunció que “el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones lo único que garantiza es la inviabilidad del futuro de los jóvenes y las jóvenes de este país. A nuestra crisis permanente, la de la precariedad, los jóvenes españoles hemos de añadir que somos la franja de edad con mayor tasa de paro –más del 40%-, que no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, que cuando tenemos trabajo está muy por debajo de los 1.000 euros. Ahora, a todo ello, hemos de sumar la negación a una pensión digna y suficiente, porque teniendo que llegar a 38,5 años de cotización es imposible que los jóvenes aspiremos a una jubilación pública completa”.

López Barceló advirtió públicamente que “se ha hipotecado el futuro a una generación que ya vivía peor que sus padres y que, gracias a esta reforma, está condenada a vivir peor que sus abuelos”.

“El debate es falaz –sentenció-, no hay crisis del sistema público de pensiones. Lo que es necesario en este momento de crisis es crear empleo. Esto no sólo lo pedimos nosotros, el Consejo de la Juventud de España aprobó una resolución que va en contra de este anteproyecto. Por tanto, la juventud española debería ser escuchada por el Gobierno”.

La responsable de los ‘Jóvenes de IU’ hizo un llamamiento “a la juventud para que se movilice y dé la respuesta  que se merece al Gobierno. La única alternativa que nos queda es que los jóvenes conquistemos lo que nos han quitado, nuestros derechos”.