10 abr 2011
7 abr 2011
6 abr 2011
Willy Toledo en las listas de IU.
El popular actor Guillermo Toledo Monsalve, conocido como Willy Toledo, figura en el último puesto de la candidatura electoral de IU-CA a la Alcaldía de El Coronil (Sevilla), un enclave emblemático para la federación de izquierdas como núcleo del movimiento jornalero y del Colectivo de Unidad de los Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI), una de las principales facciones de la coalición en Andalucía.
El exalcalde de El Coronil y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha informado a Europa Press de que, en concreto, fue el pasado jueves cuando la asamblea local de IU-CA aprobó, "por unanimidad total", la composición de la candidatura con la que la federación de izquierdas competirá el 22 de mayo para recuperar la Alcaldía de El Coronil, actualmente en manos del socialista Jerónimo Guerrero.
En la candidatura, encabezada por el exalcalde José Antonio Núñez, figura en el último puesto el actor Willy Toledo, según ha destacado Diego Cañamero, quien ha explicado que este extremo deriva de los "postulados" protagonizados por el actor, sobre todo en el caso de la activista pro saharaui Aminatou Haidar y en el conflicto del Sahara Occidental en general. Fue precisamente durante las movilizaciones promovidas en las islas Canarias en respaldo a Aminatou Haidar, cuando Cañamero entabló cercanía con el actor, según él mismo ha explicado.
"Él estaba dispuesto a colaborar con nosotros", ha señalado Diego Cañamero precisamente antes de telefonear al actor para pedirle los datos necesarios para su inscripción ante la Junta Electoral. A tal efecto, ha reconocido que la inclusión de Willy Toledo como último miembro de la candidatura de IU-CA en este municipio de la Sierra Sur de Sevilla es "testimonial", pero ha agradecido el respaldo del actor hacia las políticas promovidas desde su formación y desde el movimiento jornalero.
17 mar 2011
4 mar 2011
Lara sugiere "expropiar" el Santander frente a la crisis.
Lara aseguró que ese tipo de medidas "no son una utopía", sino que servirían para poner en marcha una "economía con corazón"
IÑIGO ADURIZ MADRID 02/03/2011 01:00 Actualizado: 02/03/2011 03:45
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, contempla la expropiación de grandes bancos como una de las posibles salidas de la crisis. Durante una conferencia en la Universidad Complutense, Lara aseguró que ese tipo de medidas "no son una utopía", sino que servirían para poner en marcha una "economía con corazón".
El líder de IU emplazó al auditorio a imaginar al presidente del Gobierno telefoneando a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para decirle: "Señor Botín, ¿por qué en lugar de hacer expedientes de desahucios a la gente, no les deja usted que estén con un alquiler más o menos modesto, para que lo puedan pagar hasta que tengan trabajo?".
Según Lara, Botín contestaría que no, que el banco "pierde dinero". Entonces, el líder del Ejecutivo debería actuar, como ya lo ha hecho el presidente venezolano, Hugo Chávez. "Es que le puedo expropiar el banco", debería decirle el presidente a Botín, según el líder de IU.
"¿Eso es una utopía?", se preguntó Lara ante el asombro de los asistentes, la gran mayoría jóvenes. "No hay ninguna utopía. Puede pasar. Y eso se llama poner la riqueza nacional al servicio de los intereses generales de la gente", se respondió a sí mismo.
Movilización el día 20
Ante los estudiantes, el coordinador federal de IU aseguró que en estos últimos 15 años "algo ha fallado" para que hoy sea más difícil "encontrar trabajo y pagar una hipoteca". Abogó por una "salida alternativa" a la crisis, "por la izquierda", y emplazó a la ciudadanía a secundar las diferentes movilizaciones a las que convoca IU. La siguiente tendrá lugar en Madrid, el día 20.
27 feb 2011
España vende armas a gobiernos bajo sospecha
Las organizaciones que integran la plataforma Armas bajo Control acusaron ayer al Gobierno de incumplir la Ley 53/2007 que determina en qué condiciones España puede exportar material de defensa y de doble uso.
Las ONG Amnistía Internacional (AI), Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, junto al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), apuntaron que el Ejecutivo español "incumple la ley" en la medida en que permite la venta de armas a países en los que se están produciendo graves violaciones de derechos humanos. "Vemos un elemento de incoherencia entre la política exterior española, cuando quiere manejar valores y principios, y la política comercial", explicó Jesús Núñez, director del IECAH.
Asimismo, ante los recientes acontecimientos en Oriente Próximo y el norte de África, las ONG instaron al Gobierno a revisar "caso por caso" todas las exportaciones a la región. Según las cifras publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, durante el primer semestre de 2010, España exportó a Libia piezas de aeronaves militares por valor de 3,3 millones de euros y equipos de visión nocturna por otros 3,5.
Desde 2005, España ha vendido al régimen de Gadafi armas por valor de 10,7 millones de euros. En 2006, empresas españolas exportaron a ese país armas de cañón por valor de 25.953 euros. Dos años después, España vendió material clasificado como "bombas, torpedos o cohetes" por más de tres millones de euros.
Argelia, Egipto, Jordania o Túnez completan el grupo de los países importadores de armas españolas calificados como "destinos preocupantes" por las ONG "desde hace mucho tiempo", explicó Esteban Beltrán, director de AI.
No obstante, la plataforma felicitó al Gobierno por la decisión de revocar las licencias vigentes de exportación de armas a Libia, pero pidió que el anuncio se hiciera "de forma oficial". La Secretaría de Estado de Comercio Exterior emitió ayer un comunicado en el que aseguró que el procedimiento de revocación de esas licencias ya se había iniciado el pasado 22 de febrero.
Estas mismas fuentes confirmaron que, desde el inicio de las revueltas en algunos países árabes y del norte de África, no se había aprobado ninguna nueva solicitud de material de defensa a los países implicados. Las ONG también acusaron a Europa de exportar armas a los países del Magreb y Oriente Próximo. "La UE tiene mucho de lo que avergonzarse por los tratos con estos países", sentenció Núñez.
Las ONG Amnistía Internacional (AI), Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam, junto al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), apuntaron que el Ejecutivo español "incumple la ley" en la medida en que permite la venta de armas a países en los que se están produciendo graves violaciones de derechos humanos. "Vemos un elemento de incoherencia entre la política exterior española, cuando quiere manejar valores y principios, y la política comercial", explicó Jesús Núñez, director del IECAH.
Asimismo, ante los recientes acontecimientos en Oriente Próximo y el norte de África, las ONG instaron al Gobierno a revisar "caso por caso" todas las exportaciones a la región. Según las cifras publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, durante el primer semestre de 2010, España exportó a Libia piezas de aeronaves militares por valor de 3,3 millones de euros y equipos de visión nocturna por otros 3,5.
Desde 2005, España ha vendido al régimen de Gadafi armas por valor de 10,7 millones de euros. En 2006, empresas españolas exportaron a ese país armas de cañón por valor de 25.953 euros. Dos años después, España vendió material clasificado como "bombas, torpedos o cohetes" por más de tres millones de euros.
Otros compradores
Las ONG denunciaron que España también exporta material de defensa a otros países de la zona, "algunos envueltos ahora en graves violaciones de derechos humanos". Así, según datos de Comercio, en los primeros seis meses de 2010 empresas españolas vendieron armas a Arabia Saudita por valor de 1,5 millones de euros y a Marruecos por 1,1 millones.Argelia, Egipto, Jordania o Túnez completan el grupo de los países importadores de armas españolas calificados como "destinos preocupantes" por las ONG "desde hace mucho tiempo", explicó Esteban Beltrán, director de AI.
No obstante, la plataforma felicitó al Gobierno por la decisión de revocar las licencias vigentes de exportación de armas a Libia, pero pidió que el anuncio se hiciera "de forma oficial". La Secretaría de Estado de Comercio Exterior emitió ayer un comunicado en el que aseguró que el procedimiento de revocación de esas licencias ya se había iniciado el pasado 22 de febrero.
Estas mismas fuentes confirmaron que, desde el inicio de las revueltas en algunos países árabes y del norte de África, no se había aprobado ninguna nueva solicitud de material de defensa a los países implicados. Las ONG también acusaron a Europa de exportar armas a los países del Magreb y Oriente Próximo. "La UE tiene mucho de lo que avergonzarse por los tratos con estos países", sentenció Núñez.
PSOE y PP suman votos en el Congreso para proteger los intereses de la banca
Miércoles, 23 de Feb de 2011
Se posicionan en contra de una iniciativa de IU-ICV para que se pueda saldar una hipoteca con la entrega de la vivienda. Los nacionalistas de CiU y PNV se abstienen en la votación por considerar “inoportuno” el debate el mismo día en que la FEMP anunciaba que los alcaldes de España pedirán al Gobierno que ponga en marcha una iniciativa idéntica.
EL PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Fue derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones.
La iniciativa parlamentaria de IU e ICV también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
IU e ICV pedían también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables. También se contempla la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad de crédito, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impide que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales”.
EL PSOE y el PP han sumado fuerzas en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar la proposición de ley de IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para cancelar un préstamo. Fue derrotada por 320 votos en contra, ocho a favor y nueve abstenciones.
La iniciativa parlamentaria de IU e ICV también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y “judicialmente exigible” de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Frente a estos planteamientos, PSOE y PP coincidieron plenamente en sus argumentos para rechazarla que la propuesta “vulneraba las competencias de las comunidades autónomas” en esta materia, además de señalar que conllevaría, según ellos, “más gasto, más déficit y más intervencionismo”.
IU e ICV pedían también la “prohibición de cláusulas abusivas” en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamos hipotecario.
Se da la circunstancia de que el mismo día en que PSOE y PP echaban por tierra la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) anunciaba en nombre de los alcaldes de todas las formaciones políticas –incluidos los socialistas y populares que la habían ‘tumbado’ en el Congreso-que pedirá al Gobierno y a los grupos parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La diputada Nuria Buenaventura, en nombre de IU-ICV, aseguró en su intervención que “la presente iniciativa parte de la constatación de que la vivienda es un derecho que debe protegerse, más aún en el contexto de crisis que vivimos, y como tal debería ser de prioridad máxima para cualquier gobierno de izquierdas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley pretende que la vivienda pase del terreno de los principios rectores de política social y económica al campo de los derechos ciudadanos”.
Detalló que “uno de los elementos claves que permitieron la creación de la ‘burbuja inmobiliaria’ fue la concesión de hipotecas en condiciones de alto riesgo, otorgando préstamos superiores al importe de la vivienda a familias que destinaban más del 50 por ciento de sus ingresos para pagarlos y por unos plazos cada vez más largos, llegando hasta los 40 o 50 años. Esta práctica ha contribuido a generar uno de los sobreendeudamientos privados más altos del mundo y, lo peor, es que se trata de una práctica fomentada por las instituciones financieras ante la pasividad tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía y Hacienda”.
Buenaventura recordó que “el Gobierno se ha permitido durante años la lógica, a nuestro entender caciquil, del ‘pelotazo’, tan común en nuestro país, además de un autismo hipotecario y de abandono del resto de los campos de la acción urbana, como la rehabilitación, la regeneración urbana, la vivienda vacía y una práctica desconexión de las políticas del territorio y medio ambiente. ¿Y en qué se ha traducido esta fiesta del boom del ladrillo? En paro, el más alto de la Unión Europea; en recesión y crisis económica, la más cruda y la más larga de la Unión Europea; en sobreendeudamiento familiar y, por tanto, en ejecuciones hipotecarias; en riesgo financiero económico por la morosidad de cajas y bancos, y en un stock de vivienda usada vacía y otro de nueva sin vender”.
La diputada expuso en nombre de IU-ICV una batería de propuestas en positivo que, pese a su innegable lógica y su indudable beneficio para los más desfavorecidos, no sirvieron para cambiar el voto contrario de PSOE y PP. “Limitar los criterios de concesión de futuras hipotecas –dijo- no es suficiente porque en la actualidad hay muchas personas, muchas familias que a raíz de la crisis no pueden pagar los créditos hipotecarios y que son víctimas del estimulo al sobreendeudamiento de los años de burbuja inmobiliaria. Por ello, esta proposición de ley también quiere proteger a estas personas en situación de vulnerabilidad incrementando los márgenes de ingresos inembargables. También se contempla la posibilidad de ofrecer propuestas alternativas para la resolución del impago debidamente justificadas y razonadas, como podrían ser permanecer en la vivienda pero con un contrato de alquiler o en usufructo a favor de la entidad de crédito, o bien la renegociación de la deuda de forma ordenada, progresiva y realista, ajustada a la realidad económica de la persona hipotecada y de los familiares que convivan. Esta propuesta también impide que las viviendas de protección oficial puedan ser subastadas por encima de su precio legal y obliga a que las adjudiquen a una persona física necesitada de vivienda y a que se cumplan los requisitos legales”.
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